Dos veces en la misma piedra

Nos ha vuelto a pasar. De nuevo, cuando más necesitamos al sector público, en peor situación lo encontramos. Nos pasó con la crisis financiera del 2008 y nos está volviendo a pasar con la crisis de la COVID-19.

En la crisis del 2008 se produjo el “mal de las tijeras” que ya he explicado en otras ocasiones. Mientras la hoja del gasto público se abría consecuencia de la apuesta por políticas expansionistas (con la intención de reflotar la actividad económica), y el incremento de las partidas de gasto social; la hoja de los ingresos públicos se abría de forma automática por la importante caída de la recaudación, motivada por el parón en la actividad económica. Consecuencia: la gran distancia que separó las dos hojas hizo que el sector público pasara de disponer de un superávit presupuestario del 1,9% del PIB en 2007, a un déficit público en 2009 del 11,3% del PIB; y la deuda pública que representaba el 35,8% del PIB en 2007, pasó a ser del 86,3% en 2012 (datos Eurostat). Resultado: cuando más necesitaba la sociedad la ayuda del sector público, menos estaba para ayudar.

La reforma del artículo 135

En aquella crisis el sector público tuvo la “suerte” que el sistema financiero se encontraba con el agua al cuello y decidieron ayudarse mutuamente. El sector público consiguió un rescate de la UE por valor de 50.000 millones de euros que transfirió a los bancos, para que ellos a su vez financiaran la pesada losa de la deuda pública que el sector público iba acumulando. Un “win-win” en el que sólo perdieron los ciudadanos.

Como garantía de que el sector público sería capaz de sanear sus cuentas y volver a niveles de déficit y deuda asumibles, la UE obligó al gobierno español a modificar el artículo 135 de la Constitución (sí, aquella reforma exprés que se pactó en un fin de semana de septiembre de 2011). En esa reforma se establecía, entre otras cosas, que el Estado y las CCAA no podían incurrir en un déficit estructural que superara los márgenes establecidos por la UE, y que las entidades locales debían presentar equilibrios presupuestarios. De ahí, los sucesivos recortes (sanidad, educación…) e incrementos de impuestos (IVA, IRPF) que se fueron aplicando mientras la crisis golpeaba a la sociedad, sobre todo en CCAA y ayuntamientos que fueron las administraciones a las que más se les exigió adaptarse al nuevo precepto.

Pero el citado artículo 135 guardaba una sorpresa más. En su disposición adicional establece que los límites de déficit estructural de obligado cumplimiento entran en vigor a partir de 2020. Es decir, ahora es cuando la UE deberá comprobar si el gobierno español ha hecho los deberes.

A la espera de un nuevo rescate

Y aquí es donde nos encontramos. De nuevo, cuando más necesitamos al sector público, éste se encuentra a pocos días de un examen de “estabilidad presupuestaria”, con unas notas de déficit superior al que exige la UE y unas notas de deuda rozando el 100% del PIB. Y con estas calificaciones acude de nuevo a la UE a pedir un rescate. De ahí la posición manifestada por algunos gobiernos como el austríaco, el de los países bajos, o el alemán de no ceder a un rescate incondicional.

En esta ocasión, la “suerte” será que el motivo del rescate es una emergencia sanitaria y humanitaria que afecta tanto a la economía española como al resto de economías mundiales. El citado artículo 135 también señala que los límites de déficit sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado.

No es difícil imaginar que, de alguna manera, volveremos a ser rescatados con nuevas condiciones que cumplir, sin que nos podamos permitir como sociedad un nuevo “mal de las tijeras”. No podemos permitirnos salir de esta situación con nuevos recortes indiscriminados de gasto y nuevos incrementos de impuestos.

Es momento de demostrar que hemos aprendido algo y que vamos a encontrar formas diferentes de actuar.

Buscando el equilibrio entre lo público y lo privado

Uno de los elementos a favor de la situación actual, y que debemos aprovechar, es la toma de consciencia ciudadana respecto a la importancia del papel que juega el sector público. Pero de nada servirá si no va acompañada de mayor consciencia fiscal. Es decir, para que el sector público pueda llevar a cabo sus funciones debe disponer de los ingresos adecuados, y eso pasa por un estricto cumplimiento fiscal por parte de la ciudadanía. Es momento de recuperar las relaciones de confianza entre administración y administrado, facilitando, simplificando, acompañando, asesorando, compartiendo el mismo objetivo: incrementar la recaudación sin necesidad de aumentar la carga fiscal. Que todo el mundo contribuya, eliminando la economía sumergida y el fraude fiscal. En la economía española se genera actividad económica suficiente para generar la recaudación fiscal necesaria.

Otro de los elementos importantes es constatar que la actividad económica, el mantenimiento y la creación de empleo corresponde a las empresas. Ellas son el motor de la economía, mantienen viva la cadena de creación de valor. Pero las empresas no podrán contribuir si no son sostenibles, si no generan los beneficios suficientes para asegurar su continuidad. Por ello necesitamos empresas responsables, conscientes que los vínculos que generan con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, también deben basarse en la confianza. En los próximos meses, cuando se levante el confinamiento y la gente vuelva a interactuar, generar entornos de confianza será fundamental para recuperar el pulso normal de la actividad. Y el reto para las empresas será lograrlo, sin reducir o incrementando el nivel de empleo y siendo rentables, en ese reto nos va el futuro. De nuevo, el sector público debe ser capaz de acompañar, facilitar, asesorar y reducir al máximo la incertidumbre. Compartiendo el mismo objetivo: la generación de empleo (que evite un incremento del gasto social, como pasó en 2008) y actividad (que permita mantener los niveles de recaudación).

Por tanto,  debemos ser capaces de crear un círculo virtuoso: empresas responsables y sostenibles, trabajadores productivos y comprometidos, ciudadanos solidarios y con consciencia fiscal, administración facilitadora y servicios públicos eficientes. Todo ello desde un principio básico: no todos somos iguales. Será necesario tratar de forma diferente al diferente y de forma igual a los iguales. Así se logrará un adecuado equilibrio entre el sector público y el sector privado, basado en la eficiencia y la equidad.

Generar este círculo virtuoso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Podemos tomar la decisión de volver a tropezar en la misma piedra y esperar que a la tercera vaya la vencida, o esquivarla y hacer las cosas de otra manera. Superar el tropezón anterior nos costó 7 años y nos dejó el cuerpo demasiado magullado, quizás sería más inteligente buscar alternativas.