Efectos de la COVID-19 en el Turismo: factores a considerar (2)

23 abril, 2020 vista panorámica barcelona

En el primer artículo publicado en este mismo blog (7 de abril de 2020) sobre el análisis de los efectos del COVID-19 en el turismo, señalaba que para afrontar la crisis, primero es necesario conocer su dimensión. Y dado el alto grado de incertidumbre que rodea a esta crisis histórica, hoy no es posible calcular sus efectos con precisión. Sí es posible, y necesario, examinar los factores que pueden condicionar este impacto. Factores que deben suministrar información vital en aquellos procesos de toma de decisiones de urgencia inaplazables, sin margen para conocer más detalles sobre la dimensión de la crisis.

Reactivación en dos fases: una distinción entre industria y servicios

En aquella primera reflexión, se indicaba que la duración de la emergencia sanitaria sería el factor determinante para estimar con criterio los efectos de la crisis en el turismo (o en cualquier otro sector). Obviamente, a mayor duración de la emergencia, mayor intensidad de la crisis. Quince días después de aquella reflexión, en relación con este espacio temporal de contingencia, se han producido novedades importantes que dan pie a ampliar las consideraciones. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha revelado informaciones relevantes sobre el calendario de reactivación económica previsto por el Gobierno español. Se plantea una recuperación gradual de la actividad en dos fases que se dividirían entre lo que denominan “sectores productivos” y “sectores de servicios”, sobre los que destacan el turismo. El restablecimiento de los primeros se estima progresivo hasta el verano, mientras que el de los segundos se prolonga hasta finales de año o principios de 2021.

Una distinción que se fundamenta en base al grado de intensidad de aglomeración de personas que requiere el desarrollo de una actividad. Manifestaciones multitudinarias deportivas, culturales, comerciales, festivas… acompañan al turismo en esta fase. Una estrategia de desescalada previsible, pero que hasta ahora no tenía calendario, considerando (ante el evidente riesgo de rebrote de la epidemia) con mucha prudencia el actual. Sólo el descubrimiento efectivo de una vacuna podría reducir al mínimo esta incertidumbre y ampliar al máximo las expectativas de acelerar la recuperación.

Examinando esta agenda se identifica rápidamente una primera inquietud. El escenario previsto por el Gobierno, solo desde el punto de vista del turismo, implica, junto a elevadas pérdidas económicas en un período clave de temporada alta, que algo más de dos millones de empleos están en el aire durante prácticamente 10 meses. Se contempla una flexibilización progresiva que podría reactivar algún tipo de actividad turística, ajustable a las medidas de control que los científicos expertos en salud deberán arbitrar, y por lo tanto paliar, aunque sea muy parcialmente, la caída del desempleo. Especialmente significativas son las cifras del mercado laboral referidas a la restauración. Como se expone desde Exceltur (1), este subsector generaba en 2018, aproximadamente 1,2 millones de empleos, cifra que supone el 46% (casi la mitad) del total de puestos de trabajo oficialmente atribuidos al turismo. Ciertamente, como se apunta también desde Exceltur, esta cifra se presta a confusión porque habría que distinguir entre aquellas empresas de restauración que tienen como clientes solo a turistas, aquellas que tienen como consumidores solo a residentes locales y unas terceras que pueden tener una doble demanda que combina turistas y no turistas. Si se considera esta distinción, desde Exceltur basándose en los datos del INE, se estima que solo el 27% de la actividad de la restauración en España depende del turismo.

Este matiz es importante a la hora de analizar con precisión el impacto económico de las actividades turísticas. Pero en la coyuntura de emergencia actual, no es significativo. Lo relevante es que estos millones de empleos (no importa ahora su ubicación estadística), a los que se pueden unir los que dependen de comercios, actividades deportivas, culturales, de ocio, festivas… se enfrentan a un período largo de inactividad que se aleja del escenario de la versión más optimista de los inicialmente previstos. En la primera reflexión dejábamos constancia de la apuesta de los poderes públicos por dictaminar, con mayor o menor acierto, disposiciones tendentes a garantizar en la medida de lo posible durante el período de emergencia la supervivencia de las empresas y los trabajadores, especialmente a los más vulnerables.

Sobre parálisis económica y gestión pública

Para paliar los efectos más acuciantes de estos últimos, se ha avanzado también en los últimos días la voluntad de extender a partir del próximo mes de mayo la denominada renta mínima vital para atender a los casos más apremiantes de aquellas personas sin ingresos. Una propuesta que cuenta con experiencias previas de proximidad, como en el País Vasco, y en la lejanía, como en Japón. Se trata de una medida de emergencia temporal que entronca con una propuesta de más largo plazo subyacente en un debate latente en los últimos años asociado al desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y la automatización y sus supuestos efectos negativos en el mercado laboral: la renta básica. Un debate sobre un concepto polémico y complejo que la actual crisis ha reabierto con fuerza. Con grandes teóricas ventajas pero también con enormes interrogantes como describe con detalle el profesor Juan Torres (2), entre ellos el de su financiación y alcance.

En cualquier caso, la anunciada y necesaria renta mínima vital será un elemento más que contribuirá al ya de por sí espectacular incremento del gasto público que está ocasionando la crisis sanitaria. Dispendio estatal de grandes proporciones al que deberá responder la ciudadanía previsiblemente viendo mermada de forma significativa su capacidad adquisitiva a corto, medio y, seguramente, largo plazo. Una coyuntura con efectos directos negativos en la comercialización de servicios turísticos vacacionales, especialmente de larga distancia, al fin y al cabo como decíamos en la primera reflexión, un producto de consumo no esencial.

En el ámbito del turismo, en los últimos tiempos el debate sobre la masificación de determinados destinos estaba muy presente en la opinión pública, con casos mediáticos como los paradigmáticos de Venecia o Barcelona. También se extendía la idea sobre la necesidad de tomar conciencia de los costes ambientales  de las actividades turísticas, especialmente sobre los viajes en avión (con la paradigmática campaña internacional flygskam) o en crucero. Desde diversos colectivos se postulaba como propuesta para reconducir estas situaciones otro concepto no menos polémico que la renta básica, como el de decrecimiento, no tanto como sinónimo de crecimiento económico negativo sino como un replanteamiento de la actividad económica no basada en el crecimiento. Los efectos de la crisis de la pandemia han provocado no ya un decrecimiento, sino una drástica paralización total de la actividad turística. Obviamente, una situación que nada tiene que ver con la de los procesos de decrecimiento que se proponían y que ha desbordado cualquier previsión anterior.

“Reset” o como reiniciar la actividad

En el marco de este estancamiento será relevante medir las consecuencias de las decisiones de reactivación que se tomen desde la perspectiva de la gestión pública en los próximos meses porque estas resoluciones pueden condicionar la estructura y dimensión del sector en los próximos años. Decisiones que pueden reconfigurar la estructura y dimensión del sector ante renovadas condiciones del entorno para la oferta y también de las nuevas expectativas de la demanda. Utilizando un término del ministro de Universidades y catedrático de la UOC, Manuel Castells, referido al impacto de la pandemia en la sociedad, se puede producir un “reset” (1). Y ello en un escenario de sostenibilidad turística en el que los intereses de los residentes deberían ganar protagonismo en los procesos de decisión y en un entorno en el que los turistas deben pasar a considerarse, más que nunca, también como residentes -temporales, con derechos, pero también con obligaciones- que comparten una misma idea de destino, entendido como espacio territorial vital.

bus turístico

En la fase de recuperación del turismo (cuando se produzca) los gestores de los destinos deberán estar preparados para afrontar las exigencias de un nuevo entorno con referentes renovados en el horizonte. Elementos como la imagen (y realidad) de la seguridad y el control sanitario pasan a ser de alta sensibilidad, desde la perspectiva de la oferta y de la demanda. Y en esta fase puede ser efectiva la colaboración con intermediarios turísticos tradicionales. En la segunda mitad del siglo XX, los turoperadores jugaron un papel fundamental en el desarrollo del turismo de masas en Europa. Su participación en los procesos de comercialización fue decisiva para que los primeros turistas sin experiencia viajera previa en el extranjero, despejaran temores confiando en una marca local que les inspirara tranquilidad para contratar los servicios básicos de sus vacaciones (transporte y alojamiento).

La caída de Thomas Cook (con variadas y múltiples causas sobretodo de gestión empresarial) ha sido interpretada como el final de un modelo. Ciertamente, la irrupción de internet ha transformado la función de los intermediarios turísticos, pero éste rol sigue teniendo más relevancia de la que normalmente se le atribuye y en situaciones de emergencia suele hacer más patente su función en la cadena de valor. Estas organizaciones, en sus distintos niveles, pueden jugar un papel importante en esta fase de reactivación de la confianza y la seguridad en la demanda.

El rol de la gestión pública adquiere en este período una relevancia máxima. Se enfrenta a procesos de decisión determinantes. ¿Cómo se administra la ayuda a las empresas? La respuesta a esta pregunta requiere planificar con modelos de referencia. Así, por ejemplo, en Estados Unidos la administración Trump ha optado por un rescate de las compañías aéreas por valor de 25.000 millones de dólares con el objetivo de evitar quiebras y despidos. Y surge aquí, entre otros, el debate sobre si, ante tamaña intervención, la administración debe condicionar-controlar las estrategias futuras de estas corporaciones, por ejemplo en el transporte aéreo, reduciendo el impacto medioambiental con el desarrollo de energías renovables. Más allá de los formatos que puede adquirir la intervención estatal en esta fase, el debate debe situarse también en el rol que la administración debe jugar como eje de identificación de los nuevos motores de transformación social y económica para gestionar de la manera menos traumática posible  la adaptación al cambio. Ámbitos en los que la formación y la investigación tienen un rol fundamental.

Como decíamos, las decisiones que se tomen estos días pueden condicionar la configuración sectorial de los próximos años.


Referencias

  • Torres, J. (2019). La renta básica. Barcelona: Deusto.

Autor / Autora

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Investigador del grupo de investigación en Turismo de la UOC, NOUTUR. Director de Oikonomics, Revista de Economía, Empresa i Sociedad de la UOC. Autor del libro “Turismo justo, globalización y TIC” (2009) y, con Luis de Borja, “El nuevo paradigma de la intermediación turística” (2009).

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